Peter Dunscombe
Presidente del Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC)

El clima está cambiando y las inversiones necesarias en mitigación y adaptación son enormes. El capital del sector privado será crucial para afrontar este reto, ya que las estimaciones realizadas indican que alrededor del 85% de la inversión total debe proceder de fuentes privadas, incluidos inversores institucionales como puedan ser los fondos de pensiones y los fondos soberanos. Entre el 50% y el 60% de estas inversiones deben realizarse en economías emergentes. Muchos inversores privados ya están haciendo frente a los riesgos del cambio climático y aprovechando las oportunidades que plantea. Están integrando cuestiones climáticas en sus decisiones de inversión, están incluyendo las estrategias climáticas en sus diálogos con empresas y están considerando oportunidades de inversión en el uso eficiente de la energía y en la energía renovable.

Sin embargo, independientemente de lo comprometidos que parezcan estar los inversores, la inversión del sector privado no llegará a la escala necesaria para hacer frente eficazmente al cambio climático si los Gobiernos no proporcionan señales políticas claras y ambiciosas. El impulsor más importante de la inversión del sector privado en soluciones para el cambio climático es una política rotunda, estable, transparente y creíble.

Los fondos de pensiones tienen el deber fiduciario de proporcionar la mejor rentabilidad ajustada al riesgo posible para todas sus carteras. Parte de esta responsabilidad es evaluar los riesgos y oportunidades asociados al cambio climático y adaptar las estrategias y prácticas de inversión en consecuencia. Los inversores solo asignarán capital a invertir en la lucha contra el cambio climático a la escala que hace falta si la política proporciona incentivos claros, creíbles y continuados. Para que los fondos de pensiones asignen una mayor proporción de sus inversiones a soluciones para el cambio climático, dichas inversiones deben proporcionar una rentabilidad ajustada al riesgo parecida a la de otros tipos de inversiones, y en eso influye enormemente la política climática.

Los inversores institucionales piden con insistencia un mayor diálogo entre los responsables de formular las políticas y el sector financiero

Por eso es por lo que el Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC) y otros grupos similares de inversores de diferentes partes del mundo apelaron a los responsables de formular las políticas para que, en el período previo a la CP15 llegasen a un acuerdo mundial rotundo y vinculante que estableciese el marco para actuar enérgicamente contra el cambio climático a nivel nacional y regional. Una lección básica que se puede aprender de la experiencia en energía renovable en países como Dinamarca, España y Alemania es que, casi sin excepción, solo se ha atraído la inversión del sector privado en soluciones para el cambio climático con políticas coherentes y continuadas.

Según se explica resumidamente en la 2010 Investor Statement on Catalysing Investment in a Low-Carbon Economy (Declaración de inversores en 2010 sobre cómo catalizar la inversión en una economía basada en un bajo nivel de emisiones de carbono), los inversores están buscando políticas que pongan un precio adecuado al carbono y aceleren el desarrollo de los mercados del carbono, así como políticas de energía y de transporte que respalden el desarrollo del uso eficiente de la energía, la energía renovable, los edificios ecológicos, los vehículos y los combustibles no contaminantes y la infraestructura de transporte basada en un bajo nivel de emisiones de carbono.

La importancia de los marcos normativos creíbles y las políticas nacionales basadas en un bajo nivel de emisiones de carbono para atraer la inversión del sector privado a una escala adecuada es aplicable tanto a los países en desarrollo como a los desarrollados. En algunas economías emergentes, los inversores podrían enfrentarse a riesgos adicionales, por ejemplo a una transparencia más limitada, a la dependencia de terceras partes, a los costes de las transacciones y a incertidumbres y riesgos financieros y políticos mayores. Eso implica que solo se podrá acelerar la inversión del sector privado en soluciones para el cambio climático en estos países si se reducen los niveles de riesgo combinando el desarrollo de las capacidades y las políticas con la formación de modelos de financiación que atraigan capital privado.

Aprovechamiento de la financiación privada alterando el equilibrio riesgo-recompensa

Las lecciones que se han podido aprender de otras regiones y de otros esfuerzos de desarrollo significativos, como el Plan Marshall, la preparación para el acceso a la UE y programas subnacionales de desarrollo de infraestructura, sugieren que los riesgos asociados a las inversiones en soluciones para el cambio climático en países en desarrollo se pueden reducir considerablemente combinando las medidas de elaboración de políticas y de fomento de la capacidad, e ideando estrategias nacionales o regionales coherentes que sitúen cada proyecto en el contexto de un plan de desarrollo.

Los mecanismos financieros del sector público deberían diseñarse con vistas a sacar provecho de la financiación privada y a favorecer las inversiones privadas alterando el equilibrio riesgo-recompensa. Se podría conseguir con políticas nacionales rotundas y creíbles que conlleven alianzas entre el sector público y el privado, así como con mecanismos de financiación pública. Estos últimos deberían basarse todo lo posible en mecanismos existentes, como las garantías de crédito a la exportación de MIGA/ECA o los préstamos de los bancos de desarrollo, y se debería evitar cualquier posible distorsión de las estructuras de mercado tradicionales.

Los inversores están pidiendo un diálogo centrado en la naturaleza y el diseño de tales medidas entre bancos multilaterales de desarrollo (BMD), instituciones financieras bilaterales e inversores privados, por ejemplo fondos de pensiones. Es importante adoptar un enfoque flexible que reconozca que los países están a diferentes niveles de desarrollo; un enfoque que se pueda adaptar a contextos políticos y financieros muy diferentes y a los requisitos de diferentes tipos de inversores.

Asimismo, estas medidas deben ser adaptables, para poder revisarlas a medida que los marcos políticos nacionales son fortalecidos y los mercados del carbono se desarrollan. Los proyectos de flujo de transacciones a cambio de un nivel bajo de emisiones en los países en desarrollo mejorarán con la aplicación de políticas nacionales rotundas y creíbles, y a la hora de diseñar mecanismos de financiación pública habría que tener en cuenta que la necesidad de dichos mecanismos disminuirá con el tiempo.

Si las políticas son apropiadas, hay dinero disponible

Una prioridad crucial del recientemente establecido Grupo consultivo de alto nivel sobre la financiación del cambio climático debería ser estudiar cómo se pueden utilizar los fondos prometidos en virtud del Acuerdo de Copenhague para aprovechar la inversión del sector privado en países en desarrollo. Los inversores están dispuestos a tomar parte en este debate, y esperan que el alcance de los fondos acordados en Copenhague quede más claro, ya que las incertidumbres actuales están dificultando la toma de decisiones de inversión. Existe el riesgo de que la percepción de que viene «algo nuevo» frene los mercados y/o los impulse sin querer en una determinada dirección.

Convendría que el grupo consultivo estudiase cómo se podría emplear parte de los 30 000 millones de dólares de financiación inmediata en generar una serie de «ganancias rápidas». Tal enfoque ayudaría a instituciones financieras internacionales y a inversores privados pertinentes a formar alianzas centradas en proyectos concretos. Uno de los objetivos debería ser crear modelos de financiación de aplicación más general, y proporcionar ejemplos de medidas concretas para mitigar los riesgos, con el fin de aprovechar el dinero del sector privado que se va a invertir en este campo.

Después estas experiencias se podrían adaptar a otros proyectos en distintos países. Asimismo, el fondo de financiación inmediata así como el Fondo Verde de Copenhague deberían ayudar a los países a desarrollar su capacidad, sus políticas y sus estrategias, lo que a su vez ayudaría a que hubiera flujos de proyectos bien coordinados y bien diseñados aceptables por los bancos que atrajeran la inversión del sector privado.

Por lo tanto es sumamente importante que el grupo consultivo mantenga un diálogo con la comunidad financiera sobre cómo acelerar la inversión del sector privado en países en desarrollo. Si las políticas son apropiadas, hay dinero disponible, incluso a corto plazo.